Cuenca Azul

Agricultores afectados, ecologistas y técnicos alegan razones ambientales, sociales y económicas

Califican de “obstinación obsesiva” la postura del Gobierno de Navarra que se niega a consultar a los agricultores afectados

Este fin de semana quedaron presentadas en la CHE las alegaciones al anteproyecto del embalse de Allo y el regadío que afecta a varios municipios de Tierra Estella, y que ha estado en exposición pública desde primeros de febrero de 2010.

El anteproyecto es la base argumental de la solicitud de concesión de un caudal de 32 Hm3/año de agua del río Ega que el departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra realiza a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Las alegaciones han sido elaboradas y firmadas por los agricultores afectados así como por la Fundación Nueva Cultura del Agua, y los colectivos Ekologistak Martxan y AEMS (Ríos con Vida).

La línea argumental de las alegaciones es la siguiente:

1. La información escrita que aparece a información publica en la sede de la CHE en un anteproyecto de diciembre de 2008 difiere notablemente de la expuesta públicamente por la consejera Sanzberro a través de su documento titulado “Creación de una zona regable en Tierra Estella, información del estado de los trabajos a fecha del 18.nov de 2009”, y que puede consultarse en la Web de Riegos de Navarra SA. Como muestra, dos ejemplos:
   • La superficie regable en el término municipal de Dicastillo es de 546 Has, en el anteproyecto expuesto públicamente y de 919 en el documento de la consejera.
   • En el anteproyecto se marca una superficie 1000 Has no regables incluidas en un área de protección de aves esteparias y en el documento de la consejera, esta zona prácticamente desaparece y pasa a ser regable. “Esta manifiesta disparidad hace que se vulneren los derechos de aquellos propietarios cuyas fincas no estaban afectadas inicialmente y ahora, según el documento de la consejera, sí lo están. Existen demasiadas contradicciones y omisiones que abundan en la invalidez de todo el proceso de concesión de agua para el riego”, se dice textualmente.
2. Se incumplen injustificadamente los requisitos legales al no haber acreditado el promotor (el Gobierno) contar previamente con la conformidad de al menos los titulares de la mitad de las tierras, tal y como lo exige la Ley de Aguas. (Art. 62 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico). Además, el artículo 100 del citado reglamento exige que se fijen los valores mínimos y máximos de las tarifas de riego, información que no existe en el anteproyecto expuesto.
3. El estudio de impacto ambiental del anteproyecto no aborda con la suficiente profundidad aspectos significativos que pueden afectar al estado ambiental del río Ega: la detracción de 32 Hm3 puede influir negativamente en la calidad ambiental de las aguas y de las riberas, en clara contradicción con los objetivos de la Directiva Marco del Agua, vigente en toda Europa.
4. Insuficiente o nula justificación de la viabilidad económica y social de los regadíos y del conjunto del proyecto, que tampoco aporta información de la amortización de la inversión prevista. Dicen textualmente los alegantes “El Anteproyecto al que se refiere la solicitud incluye un presupuesto total de ejecución de 135 millones de Euros, pero no aporta ninguna información sobre los valores máximos y mínimos de las tarifas que pretende aplicar, ni la justificación de cómo se amortizará el presupuesto de ejecución de 135 millones de Euros con las tarifas. Éste es un aspecto de vital importancia para los agricultores afectados, del cual depende el futuro de su actividad. La total falta de información a este respecto supone un grave defecto de forma en el trámite de información pública. De continuar adelante el procedimiento, los afectados se verán obligados a regar sus tierras, y a pagar un precio desconocido por un agua que ellos no han solicitado.”

Los alegantes concluyen que existe “una obstinación obsesiva por parte del Gobierno de Navarra en no llevar a cabo, de forma previa a la solicitud de concesión de agua para riego, ningún tipo de consulta a los propietarios afectados. (…) Es más, se niega también a seguir la recomendación que le hace el Defensor del Pueblo de Navarra en la que le insta a realizar la consulta previa al inicio de las actuaciones. El Gobierno de Navarra debería justificar por qué se niega a cumplir con la normativa estatal, a seguir caminos para consultar a los afectados incluidos en su propia legislación, e incluso por qué, llevado por su obstinación, a no atender la recomendación del Defensor del Pueblo de Navarra. También esta actuación puede constituir una decisión arbitraria que acarreara una responsabilidad por prevaricación.”