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Decálogo para abordar la escasez del agua y la sequía

Propuestas desde la sociedad civil

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece como objetivo fundamental la protección y conservación de la calidad ambiental de todas las masas de agua (ríos, acuíferos, humedales, lagos y aguas costeras), como medio para garantizar la satisfacción de las demandas sostenibles de agua en el medio y largo plazo.

En el caso de la Región Mediterránea conseguir estos objetivos requiere disminuir la presión humana sobre las masas de agua, adaptando nuestros usos a los recursos disponibles. También precisa el fortalecimiento de los ecosistemas acuáticos, asegurando regímenes de caudales adecuados en nuestros ríos para que cumplan sus funciones naturales y volúmenes suficientes en nuestros acuíferos y humedales.

En el clima mediterráneo las sequías son fenómenos recurrentes que incrementan la presión sobre las masas de agua y requieren de una gestión estratégica para mitigar sus posibles efectos negativos, tanto ecológicos como socioeconómicos. Mantener el buen estado en las masas de agua es estratégico para la sociedad. Por un lado, los acuíferos juegan un papel fundamental para asegurar el abastecimiento de agua a la población en época de sequía. Por otro, mantener un caudal adecuado en los ríos permite que sean capaces de depurar la carga contaminante que vertimos en ellos, proporcionándonos agua de buena calidad para satisfacer nuestras necesidades.

La DMA nos da los instrumentos necesarios para hacer frente a las sequías, incorporando el principio de precaución en la gestión y garantizando unas reservas suficientes de agua que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la sociedad en su conjunto frente a este tipo de fenómenos recurrentes. En caso de sequías prolongadas y excepcionales, permite el deterioro temporal de las masas de agua que habrá de revertir una vez pasada esta situación excepcional.

Utilizar las sequías como justificación para no aplicar la DMA adecuadamente en los países mediterráneos es contraproducente y no hará sino incrementar nuestra vulnerabilidad frente a este tipo de fenómenos. En este sentido, las organizaciones sociales y ambientales firmantes manifiestan:

I. Hay que diferenciar entre escasez de agua (generada por el hombre) y sequía (fenómeno natural). La escasez de agua resulta de una demanda excesiva de agua que supera los recursos disponibles; mientras que la sequia es un fenómeno natural recurrente producido por la disminución de precipitaciones y aumento de la evapotranspiración respecto a los niveles normales en cada caso.

II. La DMA ofrece un marco adecuado para la gestión eficaz de los fenómenos de sequía. La reducción de la vulnerabilidad ecológica y social frente a las sequías está directamente relacionada con la conservación o recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua.

III. La planificación hidrológica deberá servir para establecer un enfoque estratégico frente a las sequías, garantizando el mantenimiento de reservas de agua circulante por los ríos y almacenada en acuíferos que nos permitan hacer frente al riesgo de sequía, agravado por la incertidumbre sobre la futura disponibilidad de recursos por efecto del cambio climático. Los planes de sequía actualmente vigentes, que carecen de esta visión estratégica, deberán revisarse para adecuarlos a la nueva planificación realizada conforme a la DMA.

IV. Hay que implantar regímenes de caudales ecológicos elaborados con criterios científicos rigurosos que contribuyan al logro del buen estado de las masas de agua y permitan que los ríos lleguen al mar, tal como requiere la DMA. En época de sequía, dichos caudales ecológicos podrán temporalmente reducirse, pero en ningún caso el caudal de sequía puede ser un caudal mínimo generalizado para un determinado tramo de río.

V. Es necesario revisar los derechos concedidos de uso de agua para adecuarlos a los recursos realmente disponibles en cada cuenca hidrográfica y reducir así el riesgo ante situaciones periódicas de sequía. Es también necesario mejorar el control de los volúmenes de agua realmente utilizados y erradicar los usos no legales de agua.

VI. El agua ahorrada por la aplicación de tecnologías más eficientes debe revertir a los ecosistemas para aumentar las reservas estratégicas. Se han de conocer los volúmenes de agua realmente ahorrados como resultado de la aplicación de tecnologías más eficientes (por ejemplo, modernización de regadíos), y asignarlos a asegurar los regímenes de caudales ecológicos y las reservas de los acuíferos.

VII. La gestión de la demanda de agua debe primar sobre incrementos de la oferta. Antes de aplicar soluciones de oferta se han de agotar todas las oportunidades de gestión y reducción de la demanda para adecuarla a los recursos disponibles. En caso de tener que aplicarse medidas de incremento de la oferta de agua, estas deben ser compatibles con los objetivos de la DMA, respetar el principio de unidad de cuenca, dimensionarse adecuadamente y primar las soluciones locales, más baratas, eficientes y flexibles.

VIII. Se necesitan tarifas que recuperen los costes reales del uso del agua y una mayor transparencia respecto a quién paga los servicios del agua. Es necesario clarificar el grado de recuperación de costes de los servicios del agua, y que cada sector (urbano, agrícola, industrial o eléctrico) haga frente a los costes que les corresponden. Es necesario que las tarifas que los usuarios pagan recuperen los costes de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales.

IX. Las políticas sectoriales (agrícola, energética, ordenación del territorio, industrial) han de tener en cuenta los límites de disponibilidad de agua y contribuir al logro del objetivo de buen estado de todas las masas de agua.

X. Es necesaria la progresiva reconversión del regadío (que consume el 80% del agua en España) y poner en marcha estrategias alternativas de desarrollo rural para reducir el consumo total del agua y asegurar la calidad de vida de la población rural. Es necesario decretar una moratoria para todos los proyectos planteados de consolidación y ampliación de regadíos, en tanto no estén aprobados los nuevos planes hidrológicos de cuenca, elaborados de acuerdo a lo establecido por la DMA.

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